Construyendo sostenibilidad en la cadena pesquera mexicana

1. Contexto y relevancia

La sostenibilidad pesquera en México es un tema clave para garantizar la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades costeras. A pesar de contar con una rica biodiversidad y una amplia zona económica exclusiva, el país enfrenta serios desafíos relacionados con la sobrepesca, la pesca ilegal y la degradación de hábitats marinos (FAO, 2022).  Diversas iniciativas, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, han promovido el establecimiento de áreas marinas protegidas, certificaciones de pesca sostenible y sistemas de trazabilidad para fomentar prácticas responsables (Castro, 2024; Daly, 2022). No obstante, persisten desafíos estructurales como la falta de vigilancia, los presupuestos limitados y la escasa inclusión de mujeres en la toma de decisiones (Harper et al., 2013; García, 2025a).

Este panorama contrasta con el importante potencial productivo del país: México se ubica  entre  los 20 mayores productores mundiales de pescados y mariscos (García y Olivares, 2022), y cuenta con una destacada flota de pesca, particularmente en regiones como  el Golfo de California (Sonora, Sinaloa y Baja California) y el Golfo de México (Veracruz, Campeche y Yucatán) (Conapesca, 2023). Sin embargo, la falta de datos de sobrepesca y de estudios científicos de abundancia de especies en todas las regiones donde se pesca es un desafío para orientar a los pescadores sobre qué pescar, en qué periodo y cuál es la abundancia (Reyes, 2025a). En este contexto resulta fundamental fortalecer la gobernanza y ampliar la participación social para lograr un modelo pesquero verdaderamente sostenible en el país. 

En cuanto a la presión de la pesca y la sobrepesca, estas no se deben únicamente a que las personas pesquen, es un problema multifactorial y socioambiental complejo donde converge la alta demanda del recurso, la pesca ilegal, el comercio irregular y la captura de especies en zonas de reproducción o en sus primeros estadios de desarrollo (Chan, 2025a). A esto se le suman el deterioro ambiental y la falta de conocimiento por parte de los consumidores sobre la diversidad de especies comestibles (Chan, 2025b).

Un proyecto estratégico para recuperar las poblaciones de peces, por ejemplo el mero en la Península de Yucatán, ha demostrado que la disminución de captura se debe a factores como la falta de permisos para su pesca, el desconocimiento del número de embarcaciones existentes y la falta de un registro para que no incumplan en la captura de las tallas mínimas, el tamaño de anzuelo utilizado y la falta de sensibilidad de la sociedad (Chan, 2025b). 

Otro factor que hay que considerar es la falta de presupuesto. Del año 2018 al 2024 el sector de la pesca ribereña se vio afectado por recortes a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y la reducción de subsidios a pescadores (Ramírez, 2025b). 

La certificación de las pesquerías puede ayudar a impulsar las prácticas de sostenibilidad. En México hay muchas pesquerías sostenibles certificadas y otras que tienen buenas prácticas, pero no se han podido certificar debido a la falta de presupuesto, ya que la certificación es cara y mantenerla implica una inversión alta. Se está trabajando para apoyar a los pescadores en el proceso (análisis, revisión y auditoría) para que más pesquerías puedan certificarse (García, 2025b). Algunas pesquerías de México han sido reconocidas por organizaciones internacionales como el Aquaculture Stewardship Council (ASC) y Best Aquaculture Practices (BAP), por sus buenas prácticas en procesamiento de peces de cultivo, granjas, plantas empacadoras y procesadoras. Aunque todavía falta para certificar las operaciones relacionadas con la acuacultura como sostenibles ya existe un avance para varias especies. Estos reconocimientos son importantes para acceder a más mercados (FMCN, 2022). Actualmente hay 59 especies sostenibles o en proceso de sostenibilidad, pero solo el 20% del producto nacional tiene certificación y se exporta.

Un conflicto potencial, que no se ha podido combatir, es la pesca ilegal o furtiva, imperante en muchas zonas costeras; de acuerdo con cifras oficiales esta representa el 40% de la actividad nacional (Ramírez, 2025b). Aunque la Secretaría de Marina (Semar) y Conapesca trabajan para combatirla, el litoral es muy extenso y hace falta mejor definición de responsabilidades y cooperación (García, 2025a). Es indispensable contar con una estrategia integral para combatir la pesca furtiva y un mayor compromiso por parte de las autoridades responsables (García, 2025a). Existen algunos esfuerzos (provenientes de asociaciones civiles) para contrarrestarla; sin embargo, se siguen viendo afectadas las comunidades pesqueras y los ecosistemas marinos, ya que estos trabajos muchas veces son aislados e insuficientes (Chan 2025c).  

Aunque el panorama se presenta incierto, es importante la concientización y proveer de información a pescadores, empresas y consumidores. Asimismo, es primordial establecer zonas de refugios pesqueros para garantizar el correcto desarrollo de las especies aprovechadas.

Para alcanzar una pesca sostenible se requiere trabajar con las comunidades de pescadores locales, integrando programas de inspección y vigilancia en alianza con municipios y estados (Ramírez, 2025b).  No se puede hablar de sostenibilidad si no se resuelve la pesca ilegal. 

1. Principales desafíos

Se han identificado desafíos puntuales que se deben abordar para mejorar la producción sostenible en el mercado nacional de pescados y mariscos. 

2. Oportunidades y buenas prácticas

Existen experiencias que deben ser visibilizadas para coadyuvar en el desarrollo de estrategias de mercado sostenible de pescados y mariscos. A continuación se enlistan algunas experiencias para combatir la sobrepesca y el impacto ecológico:

• En Baja California Sur siete cooperativas de la región Pacífico Norte han modificado su arte de pesca para ser más selectiva y han implementado buenas prácticas que garantizan la pesca sostenible. Esto lo han logrado gracias a la concientización y el sacrificio temporal de la producción, ya que antes producían 1,200 toneladas de verdillo al año y actualmente obtienen 800; debieron disminuir esta producción para proteger a los organismos, pero con eso garantizan la sostenibilidad del recurso y su permanencia a futuro (Reyes 2024b). 
• En Quintana Roo hay cooperativas pesqueras que han establecido refugios pesqueros, lo que contribuye a los esfuerzos de conservación de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en donde pescan las cooperativas Cozumel, Vigía Chico y José María Azcorra. Todas apegadas a las prácticas sostenibles. Para realizar estos esfuerzos las cooperativas son acompañadas por organizaciones civiles y especialistas en el sector pesquero (Ramírez, 2025f).
• En Baja California Sur hay una gran producción acuícola de ostión, con 136 sociedades cooperativas que capturan 2,400 toneladas al año. Si una pesquería se encuentra en un proceso de sostenibilidad o de certificación tiene una ventaja clara en términos de acceso a fondos, ya que los proyectos con modelos de manejo sostenible, gobernanza participativa y objetivos ambientales les brinda un acceso a proyectos de inversión a través de organizaciones civiles (Reyes, 2025c). 
• En agosto del 2024 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la Indicación Geográfica Protegida (IGP) al pulpo maya de la península de Yucatán, convirtiéndola en la primera pesquería mexicana considerada un bien nacional. Estos distintivos potencian la sostenibilidad y el valor del producto en los mercados (Robles, 2024).

Se requiere permear estas experiencias para que se promuevan proyectos enfocados en el manejo sostenible, la gobernanza participativa y los objetivos ambientales de conservación para acceder a los apoyos. También es importante que estos no provengan únicamente de organizaciones civiles, sino que el gobierno implemente incentivos. 

Acerca de la pesca ilegal y los refugios marinos insuficientes:

• Se han establecido y fortalecido las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Un ejemplo es el Archipiélago de Revillagigedo que mostró un aumento del 8% en la captura fuera del área tras su establecimiento (Reynolds, 2023), además de que ha incrementado su abundancia de especies. El AMP tiene éxito en la labor de proteger la biodiversidad, y ha comprobado que su establecimiento no ha afectado la actividad pesquera (Mares Mexicanos, 2023). Su decreto en 2019 para la protección de especies fue seguido de otros decretos como el refugio en Actam Chuleb (en los municipios de San Felipe y Dzilam de Bravo), y se espera que se decrete un tercero en el municipio Río Lagartos (Ramírez, 2025d).  
• Existen casos de éxito de refugios comunitarios que muestran avances basados en una buena organización y gobernanza local. Un ejemplo es Celestún (al poniente de la península de Yucatán), donde se ha incorporado una zona de refugio pesquero desde el año 2019 y se han recuperado poblaciones de pepino de mar, pulpo maya, mero rojo, langosta y boquinete (Ramírez, 2025e). Además, se han formado grupos de vigilancia, lo que ha permitido que este modelo integre la ciencia local y el monitoreo participativo para lograr la recuperación y empoderamiento comunitario (Castro, 2025). 
• Aunque la pesca ilegal o furtiva no ha sido erradicada e incluso se ha intensificado, según datos de 2020 y 2021, las alianzas entre pescadores han permitido avances importantes en la conservación gracias a la creación de refugios pesqueros. Un ejemplo destacado es la alianza en Yucatán, entre el Cinvestav y las cooperativas de la comunidad de Río Lagartos, quienes destinaron zonas en los canales de manglar para instalar jaulas flotantes que protegen a los organismos como el pepino de mar, permitiendo que estos ejemplares terminen su desarrollo y contribuyan a la repoblación de especies. 
• Otra experiencia de conservación es la de la Alianza Kanan Kay, que trabaja principalmente en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esta alianza ha logrado la recuperación de especies mediante la protección de ejemplares juveniles y el establecimiento de zonas de agregación, reproducción y desove. Sin embargo, en estas zonas no hay suficientes granjas acuícolas que complementen la producción silvestre, lo cual representaría una oportunidad para incrementar la oferta y reducir los precios de pescados y mariscos (Chan, 2025e).
• La comunidad de San Juaniquito en el norte de Baja California Sur ha emprendido buenas prácticas para tener producciones más sostenibles. A pesar de que la pesca de huachinango se ha visto mermada por la pesca furtiva, persiste la esperanza de recuperación gracias a la cooperación entre actores clave, quienes han tomado mayor conciencia del impacto de sus prácticas. La mayoría utiliza anzuelo y se encuentran en proceso de establecer zonas de refugio pesquero con el objetivo de repoblar esta especie. (Reyes, 2025e).
• Una sugerencia en el combate de la pesca ilegal es hacer sinergia con los retenes militares como los existentes en Baja California, donde Conapesca podría realizar inspecciones y así reducir los gastos de patrullaje por carreteras de un poblado pesquero a otro (García, 2025a).

En cuanto a las campañas de orientación y concientización para promover el consumo responsable y minimizar los daños a especies protegidas:

• Debido a la necesidad de concientización identificada por los pescadores para alcanzar la sostenibilidad, se están impulsando programas de capacitación para pescadores artesanales y niños y niñas en escuelas, en los que se habla de la importancia de la conservación. Además, hay planes de turismo ecológico para recorrer zonas de refugio e informar sobre los esfuerzos pesqueros (Ramírez, 2025b).
• Existen programas como “Pesca con Futuro”, que ha elevado la conciencia pública y apoya esfuerzos de sostenibilidad, fomentando el consumo responsable y sostenible de productos pesqueros y acuícolas, garantizando así la conservación. También promueve prácticas de pesca y acuacultura que respeten vedas y regulaciones que aseguren el equilibrio ecológico. En cuanto a los consumidores, se impulsa la educación y la provisión de herramientas para realizar compras informadas y responsables, lo que contribuye a la sostenibilidad global y a la seguridad alimentaria (Comepesca, 2025).

Para apoyar la certificación nacional:

• Las certificaciones de Buenas Prácticas de Acuicultura (BAP), el Aquaculture Stewardship Council (ASC), la Marine Stewardship Council (MSC), los Proyectos de Mejora Pesquera (FIP) y el sello Fairtrade promueven la sostenibilidad y la responsabilidad social en la producción pesquera (Reyes, 2025a). Estas iniciativas, en particular los proyectos MSC y Fairtrade, impulsados por organizaciones como MSC y SmartFish, están apoyando a pesquerías artesanales para facilitar su acceso a mercados sostenibles (Marine Stewardship Council, s. f.).
• En cuanto al Programa MSC de mejora, este brinda herramientas y mide el progreso de los productores con el objetivo de que en cinco años logren la certificación. Dicho programa trabaja con pesquerías de erizo rojo y langosta roja en Baja California, de camarón café en Sonora, de camarón azul y café en Sinaloa, de merluza en el Golfo de California, de pulpo maya y común en Yucatán, de verdillo en Baja California Sur y de sardina Monterrey en la península de Baja California (García, 2025b).
• Una vía para certificarse es a través de alianzas. Un ejemplo en México es la producción de atún, donde la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable agrupa alrededor del 80% de las embarcaciones atuneras del país. Esta alianza representa a las tres empresas atuneras más grandes de México, que, junto con el gobierno mexicano –particularmente Conapesca– también forman parte de Canainpesca (García, 2025a).

Sobre las barreras del mercado interno, la baja trazabilidad y los múltiples intermediarios:

• Los pescadores de Cozumel buscan alternativas al mercado tradicional para posicionar la langosta que capturan mediante prácticas artesanales y sostenibles. Sin embargo, se enfrentan a la falta de información y la ausencia de acuerdos comerciales nacionales justos. Aunque su producto ya se comercializa en el mercado internacional como China y Singapur, les gustaría que también se valorara en el mercado nacional. Asimismo, buscan mejorar la trazabilidad, ya que desconocen el destino final del producto debido a la intervención de los intermediarios. Señalan además que son pocos los clientes interesados en conocer el origen del producto, lo que impide que este se valore como debería (Ramírez, 2025f).
• Los modelos de comercio justo se perfilan como planes exitosos, un ejemplo es la Plataforma Dilmun que entrega mariscos sin intermediarios y cuyo objetivo es “trabajar con productores de cada rincón del país: chiquitos, otros más consolidados… seleccionados por su altísima calidad, ética y por sus métodos sustentables y agradecidos con la tierra y el entorno”, — este supermercado en línea hace entregas en Ciudad de México  y  “tiende puentes entre quienes producen alimentos de forma sustentable y quienes los consumen”. Como resultado se acorta la cadena de suministro, el productor recibe un pago justo y el consumidor accede a alimentos frescos y menos contaminantes (Chan, 2025f). Optar por un modelo distinto al convencional, donde puede haber hasta 12 intermediarios, minimiza el uso de empaques y disminuye los costos (Chan, 2025f).

Con relación a las brechas en equidad de género:

• Se habla poco del trabajo de las mujeres en el entorno de la pesca, sin embargo, sus contribuciones son significativas. Cuando se les excluye de los procesos de toma de decisiones, se pierde un componente importante de la acción colectiva en aras de la sostenibilidad. De acuerdo con la FAO (2014), las mujeres procesan más del 90% de los pescados y mariscos. En algunas islas del Pacífico, las mujeres son responsables de más del 50% de las capturas en la pesca de pequeña escala (Harper et al. 2013). 
• En seis años, los pescadores y las organizaciones aliadas reportaron el involucramiento voluntario de las mujeres en actividades de conservación.  Han recibido capacitaciones sobre labores de inspección y vigilancia con la Alianza Kanan Kay, una iniciativa que apoya la creación de zonas de refugio pesquero para la restauración de pesquerías. Fue a través de una de estas capacitaciones que se integró un grupo de mujeres de Celestún (Ramírez, 2025e).
• La pesca está asociada justo a la extracción y no al procesamiento por eso muchas veces no se visibiliza el trabajo de las mujeres fileteras y “durante mucho tiempo se ha creído que el trabajo de la mujer no es importante de considerar… se debe de hacer, pero no de reconocer” (Chan, 2025g). Un ejemplo es Yucatán, donde el Padrón de Pescadores es de 12,700 personas, de las cuales sólo 360 son mujeres (2.80%). Sin embargo, el número no representa al total de mujeres involucradas. Además, las mujeres son las primeras en recibir los pescados y mariscos llegados del mar para realizar el fileteo y aún tienen largas jornadas, con malas condiciones laborales, sin apoyo para la maternidad y se les pide realizar también el trabajo en el hogar (Chan, 2025g).

3. Recomendaciones de políticas públicas para alcanzar la sostenibilidad de los pescados y mariscos en el mercado

1. Expansión de las AMP para cubrir por lo menos 30% de los mares nacionales, fortaleciendo la vigilancia y la cooperación con comunidades pesqueras.
2. Implementación de un Programa Nacional de Inspección constante. 
3. Fomento de certificaciones asequibles y fortalecimiento de estructuras asociativas entre cooperativas.
4. Apoyo a refugios comunitarios mediante financiamiento y acompañamiento técnico.
5. Impulso de modelos de financiamiento azul que incluyan líneas presupuestales y bonos azules como instrumentos para financiar proyectos sostenibles.
6. Fomento de la demanda interna de pescados y mariscos mediante trazabilidad, eco-etiquetado y compras públicas sostenibles. Una forma es con un Proyecto de Mejora Pesquera (FIP) como el del Fishery Progress, que colaboran con un cliente que compra cola de langosta, el cual les ha ayudado en un nuevo etiquetado de códigos QR por lotes para mejorar la trazabilidad.  
7. Fortalecimiento de la regulación y el monitoreo, retomando inspecciones de pesca incidental y promoviendo la transparencia de datos.
8. Acompañamiento y capacitación para cumplir con las disposiciones sobre vedas, artes de pesca, temporalidades, tallas mínimas y zonas geográficas restringidas. También se requiere orientación para comprender y mitigar la huella hídrica, la huella de carbón, el impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas marinos, tanto de pesquerías como de proyectos de acuacultura, ya que todo esto resulta complejo sin una guía previa (Reyes, 2024d).
9. Puesta en marcha de un Modelo de Ordenamiento Pesquero Nacional para proteger a las especies marinas más afectadas por la sobrepesca, aprovechando diversos estudios y diagnósticos realizados por parte de la academia para recuperar pesquerías, un ejemplo es lo que se ha hecho para recuperar el mero en la península de Yucatán (Chan, 2025b).
10. Implementación de programas que incentiven, fortalezcan y apoyen la integración de las mujeres en el ámbito pesquero, que promuevan la conformación de organizaciones (como cooperativas), y acompañen con capacitación e insumos para el desarrollo de las labores de pesca, así como en la consolidación de redes de apoyo nacionales de mujeres pescadoras.
    
11. Conclusiones

El mercado mexicano de pescados y mariscos tiene un fuerte potencial para ser clave en seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. Existen buenas cadenas de suministro de los recursos marinos, pero hace falta disposición política para impulsar la transparencia y el aprovechamiento sostenible de los recursos y el cuidado de los océanos. 

Los productos sostenibles abren las puertas a certificaciones que les brindan mayor valor y la oportunidad de ingresar a mercados que ofrecen mejor precio con canales para ventas en grandes cadenas comerciales y de exportación (García, 2025c).  Aunque esto ha pasado en otros países, todavía se requiere analizar cómo permean esas experiencias en el contexto de México ya que la mayoría de las políticas de supermercados vienen de regiones de primer mundo (García, 2025c). 

Existen experiencias de comunidades pesqueras que han implementado buenas prácticas de sostenibilidad, pero esto requiere tiempo, inversión y acompañamiento (García, 2025c). En México hacen falta políticas públicas que apoyen el acceso a la tecnología, la asesoría técnica constante y el financiamiento en el sector pesquero. Asimismo, para combatir la pesca ilegal se deberá tener claridad sobre la responsabilidad de las instituciones locales, municipales y federales, para prevenir, sancionar y contrarrestarla, esto deberá incluir acciones de inspección y vigilancia rigurosas. 

Mientras el país presente rezagos en materia de combate a la pesca ilegal, también lo hará en materia de pesca sostenible (Chan, 2025c). Aprovechando las experiencias locales, fortaleciendo las certificaciones y mejorando la gobernanza, México se podrá consolidar con una industria de pescados y mariscos responsable y rentable, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas marinos nacionales.

5. Referencias