Introducción
El Foro de Discusión sobre la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) se celebró el 11 de septiembre de 2025 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, convocado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. La cita reunió a legisladores, dependencias federales, gobiernos estatales, comunidades pesqueras, académicos, organizaciones de la sociedad civil e industriales con el objetivo de abrir un espacio de diálogo para actualizar una ley que lleva diecisiete años sin reformarse.
Los participantes coincidieron en que la pesca y la acuacultura atraviesan retos mayúsculos. Entre ellos, altos niveles de ilegalidad, rezago institucional, presiones internacionales, exclusión social y una crónica insuficiencia presupuestal. Bajo este telón de fondo, los tres paneles del foro dieron voz a múltiples perspectivas y experiencias.
Panel 1. Coordinación interinstitucional
El primer panel subrayó la necesidad de una acción conjunta entre instituciones para que la nueva ley responda a la complejidad del sector. Las voces de SEMARNAT, SADER, CONAPESCA, IMIPAS, SEMAR y CIBNOR coincidieron en que ninguna institución puede enfrentar sola los retos de la pesca.
SEMARNAT planteó un cambio de paradigma: concebir el mar como espacio de vida, no solo como recurso económico, integrando justicia social, equidad de género y conservación. SADER advirtió que el 40% de la producción es ilegal y que hasta 80% de los pescadores permanece en la informalidad; urgió incorporar al sector social al sistema de seguridad social. CONAPESCA defendió la simplificación administrativa y la necesidad de incrementar presupuesto y capacidades de inspección.
IMIPAS propuso regionalizar la gestión y expedir permisos por embarcación; SEMAR alertó sobre la sobreexplotación, la falta de trazabilidad y la debilidad de la inspección. CIBNOR, por su parte, enfatizó la diversificación productiva, la digitalización y la incorporación de escenarios climáticos en la planeación.
Las comunidades presentes denunciaron problemas cotidianos como permisos entregados sin respaldo, contaminación de lagunas, intromisión de embarcaciones extranjeras y falta de apoyo para infraestructura y educación técnica.
El panel concluyó que los nudos críticos son la fragmentación institucional, la ilegalidad y la insuficiencia presupuestal, y que la nueva LGPAS debe priorizar coordinación interinstitucional, inclusión social y un enfoque ecosistémico para garantizar la sustentabilidad.
Panel 2. Gobernanza local desde los estados
El segundo panel llevó la conversación a lo local. Representantes de Yucatán, Baja California, Tamaulipas, Baja California Sur y Guerrero narraron la vida pesquera desde los territorios, donde se cruzan la tradición, la identidad y los dilemas de gobernanza.
En Yucatán, el esfuerzo presupuestal permitió aumentar apoyos directos y seguridad en el mar, pero la fragilidad sigue expuesta, ya que existen trece mil pescadores vigilados por apenas siete inspectores. La pesca ilegal y la falta de sanciones efectivas aparecieron como males persistentes.
Baja California destacó que alcanzar una gobernanza pesquera y acuícola efectiva requiere la concurrencia de la LGPAS, una gestión colaborativa entre niveles de gobierno y un marco normativo claro que articule las atribuciones estatales con las leyes locales. Tamaulipas denunció la opacidad en permisos y la escasa difusión normativa para garantizar su cumplimiento; mientras Baja California Sur mostró con orgullo la importancia de la pesca ribereña y la participación femenina en la ostricultura. Guerrero relató una caída dramática en su producción y la ausencia de infraestructura básica para sostener la actividad.
El panel dejó claro que los estados tienen voluntad y capacidades, pero carecen de recursos y atribuciones sólidas. La reforma de la LGPAS debe reconocer esta realidad y avanzar hacia un modelo de descentralización operativa y financiera que articule los esfuerzos locales con la federación.
Panel 3. Hacia una gobernanza inclusiva
El tercer panel dio voz al sector social, a las mujeres y a la industria pesquera, convirtiéndose en el espacio más crítico del foro.
Las cámaras industriales denunciaron la falta de atención institucional y la ausencia de competitividad frente a otros países, donde los costos de combustible y las cargas fiscales son mucho menores. Reclamaron financiamiento, reducción de flotas en pesquerías sobreexplotadas y un marco fiscal que permita rentabilidad junto con sustentabilidad.
Las cooperativas nacionales y regionales señalaron que la ley se reforma sin consulta real y que la CONAPESCA opera con un presupuesto asistencial que no permite ordenamiento ni promoción. Se advirtió que trasladar atribuciones de inspección a la Marina podría militarizar la pesca y agravar tensiones con autoridades civiles.
Las organizaciones de la sociedad civil, como COMEPESCA, mostraron que existe un mercado creciente que exige productos mexicanos sostenibles, pero que la trazabilidad y la vinculación con consumidores siguen siendo débiles.
La representación de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca subrayó la importancia de reconocer el papel estratégico de las mujeres en las actividades de valor agregado del sector —procesamiento, empaque y comercialización—, históricamente invisibilizadas y sin acceso a mecanismos de protección social. Se enfatizó la necesidad de incorporar políticas públicas que garanticen su capacitación, acceso equitativo a mercados y participación en condiciones de igualdad dentro de la gobernanza pesquera y acuícola.
El panel cerró con el consenso de que la pesca debe ser reconocida como asunto de seguridad nacional y el presupuesto debe elevarse de manera sustancial. La reforma de la LGPAS no puede avanzar sin un proceso de socialización regional, que recoja las voces diversas de ribereños, mujeres, cooperativas e industria.
Implicaciones y recomendaciones
El foro dejó en claro que la actualización de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) no constituye un ejercicio técnico menor, sino una decisión política de alto impacto con profundas implicaciones sociales, ambientales y económicas.
- Presupuesto como eje nodal.- Sin financiamiento suficiente, cualquier reforma será letra muerta. Se requiere un presupuesto acorde con la relevancia estratégica del sector, que garantice inspección, vigilancia, ordenamiento y desarrollo comunitario.
- Coordinación interinstitucional.- Superar la fragmentación institucional demanda mecanismos efectivos de cooperación entre dependencias federales, gobiernos estatales, comunidades y academia.
- Descentralización y fortalecimiento local.- Los estados cuentan con capacidades y conocimiento territorial; es indispensable dotarlos de atribuciones y recursos para gestionar de manera autónoma sus pesquerías.
- Inclusión social y de género.- La nueva ley debe asegurar la participación plena de mujeres, comunidades indígenas y pescadores ribereños, reconociendo su papel en toda la cadena de valor.
- Rentabilidad y competitividad.- La sustentabilidad ambiental debe ir acompañada de políticas que fortalezcan la rentabilidad del sector frente a las asimetrías internacionales.
- Consulta efectiva y socialización.- El proceso legislativo debe sustentarse en un diálogo amplio, plural y regionalizado, que incorpore las voces de todos los sectores involucrados.
En resumen, el Foro de San Lázaro evidenció un sector pesquero diverso, crítico y con propuestas claras. Corresponde ahora al Congreso y a las autoridades pesqueras traducir esas voces en una reforma moderna, justa e inclusiva, que reconozca a la pesca y la acuacultura como motores estratégicos de la soberanía alimentaria, la justicia social y la conservación de los mares de México.
