1. Introducción
El sector pesquero y acuícola en México enfrenta una serie de desafíos estructurales y ambientales que afectan tanto la sostenibilidad de los recursos como el bienestar de las comunidades costeras. A través de la Encuesta de Opinión Nacional sobre Prioridades Pesqueras en México aplicada a más de mil personas involucradas en el sector en las cuatro regiones marinas del país, se identificaron los principales retos, oportunidades y prioridades percibidas por los actores locales. Los resultados destacan la urgencia de combatir la pesca ilegal, mejorar los esquemas de ordenamiento, profesionalizar el sector y promover la inclusión social, con especial énfasis en el papel de las mujeres. Este informe de política presenta los hallazgos clave y formula recomendaciones orientadas a fortalecer el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura.
¿Qué es el Programa Nacional de Pesca y por qué es relevante?
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura es el principal instrumento de política pública para orientar el desarrollo del sector pesquero y acuícola en México. Su formulación se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Planeación, y debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio en curso. A través de este programa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) coordinan acciones destinadas a equilibrar la productividad del sector con la conservación de los recursos naturales con justicia social y equidad. En este contexto, la participación de los actores locales es clave para fortalecer su impacto, por lo que este diagnóstico participativo representa un insumo valioso para orientar el diseño del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2025–2030.
2. Metodología de la encuesta
La encuesta fue realizada por Causa Natura Center entre personas vinculadas al sector pesquero en las distintas regiones costeras del país. Se obtuvo un total de 1,145 respuestas, con una cobertura de los 16 estados costeros agrupados en cuatro grandes regiones:
- Pacífico Norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit
- Pacífico Sur: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Golfo de México: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco
- Caribe: Campeche, Yucatán y Quintana Roo
La muestra es representativa a nivel regional con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Las preguntas cubren temas clave como pesca ilegal, bienestar comunitario, programas sociales, equidad de género, ordenamiento pesquero, cambio climático entre otros retos.
3. Retos del sector pesquero
El principal desafío identificado por las personas encuestadas fue el control de la pesca ilegal, señalado como la prioridad número uno por el 29% de las respuestas a nivel nacional. Este reto fue consistente en todas las regiones, lo que refleja una demanda clara hacia la mejora de los mecanismos de vigilancia y cumplimiento de normas. Otros retos relevantes fueron el ordenamiento pesquero y acuícola, y el bienestar social de las comunidades pesqueras, lo que sugiere la necesidad de estrategias integrales que combinen regulación ambiental con justicia social. Finalmente, se identificaron otros desafíos como la presencia del crimen organizado, así como el impacto del cambio climático en el estado de las pesquerías (Figura 1.)
Figura 1. Principales retos identificados para el sector pesquero y acuícola en este sexenio, según encuestados.
Sobre las causas de la pesca ilegal, la falta de vigilancia efectiva (29.46%) se percibe como la principal causa del problema. En segundo sitio está la corrupción (19.76%); seguido de la falta de apoyos (13.2%) (Figura 2).
Figura 2. Principales causas de la pesca ilegal, según encuestados.
En materia de ordenamiento pesquero el 52.8% de las personas encuestadas en todas las regiones coincidieron en que la capacitación en regulaciones pesqueras es la medida más importante para mejorar el ordenamiento del sector. Esta tendencia refleja un alto interés por el conocimiento como herramienta para el cumplimiento de normas. En contraste, el registro de embarcaciones fue percibido como menos prioritario (20.5%), lo que puede evidenciar una falta de comprensión sobre su utilidad en el combate a la pesca ilegal (Figura 3).
Figura 3. Principales medidas para mejorar el ordenamiento pesquero, según encuestados.
En lo referente al bienestar de las comunidades pesqueras, en tres de las cuatro regiones —Caribe, Golfo de México y Pacífico Sur—los encuestados señalaron que la falta de apoyo gubernamental a la pesca artesanal es el principal obstáculo. De forma general, el 54.37% de los encuestados piensa que el escaso apoyo gubernamental a la pesca artesanal tiene implicaciones negativas en el bienestar social de las comunidades (Figura 4).
Figura 4. Factores que afectan el bienestar de las comunidades pesqueras, según encuestados.
Cabe mencionar que, a partir de 2020, Bienpesca se consolidó como el único programa de subsidios en el sector, entregando apoyos directos no condicionados. El 52% de las personas encuestadas opinó que este programa debería incluir capacitaciones en prácticas sostenibles, tecnologías innovadoras y manejo responsable. Este resultado valida la inclusión del componente de capacitación en las Reglas de Operación 2025, lo que representa una oportunidad para transformar a Bienpesca en un instrumento no solo de apoyo económico, sino también de fortalecimiento técnico y organizativo.
Esto va de la mano con la acción más relevante identificada por los encuestados para enfrentar los efectos del cambio climático. El 48.34% de los encuestados en todas las regiones respalda las prácticas pesqueras sostenibles como la acción más relevante para mitigar los impactos del cambio climático en el sector. Estos datos reflejan una creciente conciencia sobre la vulnerabilidad del sector ante la variabilidad climática, así como la necesidad de incorporar medidas de adaptación en los programas de pesca (Figura 5).
Figura 5. Principales acciones para mitigar los efectos del cambio climático, según encuestados.
Para mejorar el estado de las pesquerías, los planes de manejo por especie fueron identificados en el Pacífico Norte y Sur como la mejor herramienta. En contraste, en el Golfo de México y el Caribe, se destacó la importancia de fortalecer la participación comunitaria en la gestión pesquera. Ello sugiere que el enfoque territorial y participativo debe ser diferenciado según las necesidades regionales. Cabe resaltar que el incremento de refugios pesqueros tuvo una preferencia general de apenas el 9.6%, lo que indica una oportunidad para fortalecer la comunicación sobre sus beneficios.
Aunque la encuesta identificó al crimen organizado como un desafío relevante, no profundizó en posibles soluciones. Sin embargo, evidencia cualitativa señala un incremento en la violencia, la extorsión y el control territorial ejercido por grupos criminales en zonas pesqueras. Un informe de política sobre crimen organizado recomienda: (1) mejorar la trazabilidad en la cadena de valor para evitar la mezcla de producto ilegal; (2) fortalecer el marco regulatorio y asegurar la aplicación efectiva de la ley, ya que la impunidad representa un incentivo para estas redes criminales; (3) coordinar acciones entre autoridades pesqueras y de seguridad pública; (4) reforzar el tejido social y las cooperativas locales como barreras frente al control criminal; y (5) generar información y transparencia sobre capturas, rutas y transacciones que permita identificar riesgos y patrones delictivos (Hayashida, 2025).
Finalmente, la encuesta identifica a la capacitación dirigida a mujeres y grupos vulnerables como la acción más mencionada para promover la equidad de género en el sector (30% promedio nacional), seguida de la promoción del liderazgo femenino en la toma de decisiones (23.3%), lo que apunta a la necesidad de abrir espacios concretos de participación para las mujeres. Estos resultados indican que la equidad de género debe abordarse desde una perspectiva interseccional, sensible al territorio y a las condiciones estructurales de exclusión.
4. Recomendaciones de Política
Los hallazgos de la Encuesta de Percepciones Ciudadanas muestran una visión desde los territorios: el sector pesquero enfrenta retos complejos que requieren respuestas integrales, diferenciadas y con enfoque territorial. Con base en estos resultados, se proponen las siguientes recomendaciones para el diseño e implementación del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2025–2030:
- Fortalecer la vigilancia y el cumplimiento normativo como eje prioritario. Esto puede abordarse mediante inversiones en capacidades institucionales, mecanismos de coordinación interinstitucional y participación comunitaria, para enfrentar de forma efectiva la pesca ilegal y el crimen organizado.
- Rediseñar los programas sociales, en particular Bienpesca, para que incluyan componentes de capacitación en prácticas sostenibles, manejo responsable y tecnologías innovadoras, fortaleciendo así las capacidades técnicas y organizativas del sector.
- Impulsar un enfoque de ordenamiento basado en el conocimiento, priorizando la capacitación en regulaciones y la actualización de permisos y concesiones de pesca.
- Incorporar estrategias diferenciadas de adaptación al cambio climático, integrando prácticas pesqueras sostenibles y medidas de manejo adaptativo en los programas de manejo, atendiendo la vulnerabilidad específica de cada región.
- Garantizar la participación efectiva de mujeres y grupos vulnerables en todos los niveles de toma de decisiones, mediante acciones afirmativas, espacios de liderazgo y procesos de capacitación con enfoque interseccional.
- Incluir indicadores claros de impacto social, equidad de género, legalidad y sustentabilidad en el monitoreo del programa, asegurando su evaluación continua y su alineación con los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.
