En México, el acceso a la información pública está en riesgo. La posible desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de recursos naturales. Ante una crisis ambiental global y una urgente necesidad de vigilancia ciudadana, ¿qué impacto tendría la eliminación de un organismo autónomo dedicado a proteger estos derechos?
El papel del INAI en la transparencia de los recursos naturales
El INAI ha sido una herramienta clave para la ciudadanía al permitir el acceso a información que antes estaba fuera del alcance de la mayoría. Gracias a ello, se han destapado irregularidades en la administración de recursos naturales, que van desde el acaparamiento de permisos hasta la concentración de subsidios en ciertos sectores o regiones.
La transparencia en la gestión de los recursos naturales no solo beneficia a los ciudadanos, sino también a la biodiversidad del país y al desarrollo de políticas sostenibles. Saber, por ejemplo, qué empresas tienen concesiones para la explotación minera en zonas naturales protegidas o cuánta agua utiliza esta industria extractiva es esencial para identificar prácticas que dañan el medio ambiente y proponer mejoras.
Con el apoyo del INAI, en 2020 se dio a conocer el primer Índice de Transparencia de los Recursos Naturales (ITRN), una herramienta diseñada para promover la transparencia en la gestión de los recursos forestales, hídricos y pesqueros de México. Este índice se consolidó como uno de los compromisos del 4to Plan de Gobierno Abierto, contribuyendo a importantes avances en la transparencia de los recursos naturales.
Lee el artículo “Un compromiso cumplido con la transparencia en recursos naturales” disponible aquí
El INAI no solo actua como un órgano de vigilancia, sino que también impulsa la transparencia en gobiernos locales, sector público y privado a través de incentivos y capacitaciones. Con iniciativas como el Certamen de Innovación en Transparencia, el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales, y el Premio a la Innovación en Transparencia, el instituto incentiva a fortalecer sus capacidades en gestión de datos y acceso a la información. Estos programas no solo premian los esfuerzos de transparencia, sino que también ofrecen apoyo técnico y formación en mejores prácticas, facilitando a los ciudadanos el acceso a información crucial sobre el uso de los recursos públicos, incluidos aquellos destinados a la gestión de recursos naturales.
“Actualmente, el INAI es el organismo garante del cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, para lo cual garantiza que cualquier autoridad o persona física o moral que ejerza recursos públicos entregue la información pública que le sea solicitada y tutela los derechos de acceso, rectificación y cancelación que toda persona tiene con respecto a su información” (Vanguardia, 2024).
Su autonomía le permite operar con independencia, lo cual es crucial para garantizar que su vigilancia no esté sujeta a intereses políticos o económicos. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron 71,713 solicitudes a las principales instancias gubernamentales encargadas de la gestión de los recursos naturales: SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CONAPESCA, CONANP, INECC, IMIPAS e IMTA.
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, 2024.
De las 71,713 solicitudes recibidas, el 6% (4,347) presentaron una queja ante el INAI. Esto es que, ante la negativa de una entidad gubernamental de entregar la información solicitada, el ciudadano puede presentar un recurso de revisión ante el INAI, y éste tiene la facultad de revisar la legalidad de la propuesta y dictaminar si la negativa fue justificada o no. En caso de que el INAI considere que la negativa no está debidamente justificada, tiene el poder para ordenar a la entidad pública que entregue la información solicitada, de acuerdo con los principios de máxima publicidad y acceso a la información.
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, 2024.
De las 4,347 quejas presentadas en el sexenio pasado, el INAI dictaminó que 1,943, es decir el 45% de las quejas presentadas requiere de un cumplimiento por parte de la autoridad, ya sea para modificar su respuesta de negativa, revocar el acta de reserva u ordenar la entrega de la información.
¿Qué perderíamos sin el INAI?
En el caso de la desaparición del INAI, el gobierno de Sheinbaum pretende trasladar las funciones de transparencia y acceso a la información a una nueva secretaría, la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual sustituirá a la actual Secretaría de la Función Pública (Animal Político, 2024). Sin embargo, este cambio generaría diversas preocupaciones ya que al ser un organismo gubernamental dependiente del poder Ejecutivo podría enfrentar conflictos de interés al decidir sobre la publicación de información sensible relacionada con recursos naturales, especialmente cuando esta información expone prácticas gubernamentales o afecta a actores económicos poderosos. La falta de independencia de la nueva secretaría podría hacer que el acceso a la información sea más limitado o esté condicionado, erosionando así los derechos de la ciudadanía.
La desaparición del INAI podría representar un retroceso significativo en el acceso a la información. En un país tan rico en biodiversidad y recursos naturales, la opacidad en su gestión aumenta la probabilidad de que se realicen prácticas insostenibles o corruptas sin supervisión pública. Sin un organismo autónomo que actúe como contrapeso y garante de estos derechos, el control ciudadano sobre la gestión de los recursos naturales sería mucho más débil. Esto no solo afecta la capacidad de la sociedad para fiscalizar al gobierno, sino también el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de los beneficios de una biodiversidad bien gestionada y protegida.
La eliminación del INAI plantea graves consecuencias para la transparencia en la gestión de los recursos naturales en México. La transparencia no es un lujo, sino un derecho fundamental que fortalece la democracia, la rendición de cuentas y la protección ambiental. Dejar estas responsabilidades en manos de un organismo gubernamental, con una autonomía limitada, sería un paso atrás en el compromiso de México con la rendición de cuentas y con un futuro más sostenible y justo. En un momento en que el país enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, el acceso a la información debe ser fortalecido, no debilitado.
