El pasado 1 de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte que sustituye al TLCAN. Una de las mejoras con respecto a su antecesor, es el hecho de que los asuntos ambientales se abordan como un aspecto nodal del tratado.
En el Art. 24, se tocan aspectos relacionados a la contaminación del aire, contaminación de océanos, manejo de desechos sólidos y descargas, comercio de especies exóticas terrestres y acuáticas, así como varios incisos concernientes a las medidas que los países firmantes deben asumir para conservar y combatir la sobreexplotación y comercio ilegal de recursos naturales, tales como los pesqueros (incisos 17, 18, 19, 20 y 21) y los forestales (inciso 23).
El T-MEC retoma la importancia de conservar los recursos naturales y su biodiversidad, como parte fundamental del desarrollo regional e impone nuevos retos a los gobiernos de los tres países para lograrlo. Menciona que las Partes deberán tomar diversas medidas para proteger y conservar la fauna y flora silvestres, entre las que se encuentra el fortalecimiento de la capacidad gubernamental y los marcos institucionales, así como la mejora de la participación pública y la transparencia social (inciso 22).
En este contexto, el Índice de Transparencia en Recursos Naturales (ITRN) que promueven las organizaciones Causa Natura, Reforestamos México, CartoCrítica y el Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental para medir la transparencia de la información pública en recursos pesqueros, forestales e hídricos, se alinea con la estrategia del T-MEC para impulsar la transparencia de la gestión de los recursos naturales en México con la participación de la ciudadanía.
Los resultados de la evaluación 2020 del ITRN, (Y que además son un compromiso del 4to plan de acción de la Alianza de Gobierno Abierto, AGA), comprenden recomendaciones tales como transparentar todo lo relativo a permisos y concesiones, así como subsidios a la pesca y al aprovechamiento hídrico y forestal, haciendo énfasis en la necesidad de hacer pública la evidencia (dictámenes, análisis y estudios ambientales y socioeconómicos) que den sustento a las decisiones de política pública.
Además, la información que prioriza el ITRN, representa la voz de la ciudadanía captada a través de diferentes talleres y encuestas realizadas con actores de la sociedad civil, con especial atención a los usuarios de los recursos naturales. Por lo anterior, valdría la pena que las instancias encargadas de la gestión de los recursos naturales, a decir, CONAFOR, CONAGUA, CONAPESCA, ASEA y PROFEPA, así como SEMARNAT y SADER como cabezas sectoriales, vean en el ITRN, no una evaluación a su desempeño, sino una herramienta aliada para avanzar en la transparencia y participación ciudadana, en sintonía con los nuevos estándares ambientales.
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