Programas Sociales para el sector Rural

Uno de los programas prioritarios anunciados por la presente administración a inicios de este sexenio fue el de Crédito Ganadero a la Palabra, cuyo objetivo consistía en incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización productiva integral sustentable¹. Sin embargo, solamente estuvo en funcionamiento durante 2019 y con menos del 25% de su presupuesto original.

En 2019 se le asignó un monto de $4,000 millones de pesos² para la operación de dicho programa dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Asimismo, en febrero de ese mismo año fueron publicados los Lineamientos de Operación. Sin embargo, tuvo una reducción del 75.5%³ con respecto al presupuesto asignado, con lo cual operó solamente con $980 millones de pesos. También, cabe mencionar que de las cuatro modalidades de apoyo solamente se dispersaron dos: repoblamiento de ganado y/o animales y complementos alimenticios.

En la dispersión de estos recursos, la Auditoría Superior de la Federación encontró algunas inconsistencias y fallas en el proceso. Por ello concluyó que había una “ausencia de eficiencia del gasto público, debido a que se carece de un padrón integral, accesible, oportuno, relevante, verificable e inteligible que aporte una adecuada transparencia y rendición de cuentas”⁴.

Algunas de las principales anomalías encontradas fueron las siguientes:

Del presupuesto auditado, no hay información sobre los beneficiarios ni de la cantidad de ganado entregado o monto de estos en el 14.2% del presupuesto. Asimismo, se encontraron anomalías en los padrones, ya que se identificaron 6 padrones diferentes de los cuales se pudo observar duplicidades entre beneficiarios y cabezas de ganado.

Adicionalmente, estos padrones entregados tienen diferencias de más de $96 millones de pesos y 109 beneficiarios con el padrón publicado en el Sistema Integral de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Igualmente se identificaron 391 beneficiarios que no corresponden a la población objetivo del programa, ya que no eran pequeños productores.

En cuanto a los Agentes Técnicos —personas morales designadas para apoyar en la ejecución de las actividades del programa— existió falta de supervisión de las acciones realizadas. De igual forma, se reportaron incumplimientos con los expedientes de selección y designación de los Agentes Técnicos. Dichos Agentes además no comprobaron gastos por $27,538.6 miles de pesos.

La falta de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de operación sólidos no han sido exclusivos para este programa, ya que se ha visto reflejado este error de manera sistemática tanto en programas de nueva creación como en programas ya existentes. Por ejemplo, en la dispersión de Bienpesca 2020, hubo falta de transparencia en la construcción del padrón de productores, que fue la base para dispersar el recurso, además presentaron más de 1,770 beneficiarios duplicados;⁵ Asimismo, en el programa de Fertilizantes en los diagnósticos que se presentaron no hubo una definición ni cuantificación de la población potencial ni objetivo; además de que no se tiene un informe de una sistematización de la demanda de los apoyos⁶. En cuanto al Programa Producción para el Bienestar existieron problemas con la identificación de la problemática así como la caracterización de la población objetivo.⁷

Hay que recordar que la misión de la SADER es “formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes”.⁸ En el nuevo contexto del COVID se vuelve imperioso que los programas y acciones de la SADER tengan un impacto en el sector rural. Por lo cual, los programas tienen que contar con mejores mecanismos de control, mayor transparencia y rendición de cuentas para mejorar la dispersión de los subsidios y garantizar que estas partidas presupuestales fomenten el desarrollo del sector.