El pasado 5 de noviembre, el Senado de la República ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú. Un acontecimiento para celebrar porque significa que deberán fortalecerse las leyes relacionadas con la protección del medio ambiente y las acciones para salvaguardar a los colectivos y activistas que trabajan en su conservación.
Uno de los puntos del Acuerdo es el de la participación pública en la toma de decisiones ambientales, que promueve garantizar que la ciudadanía tenga acceso y contacto sistemático con los mecanismos de participación ciudadana, ser parte activa en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales, y conocer, cuestionar y evaluar los proyectos de desarrollo, así como el impacto que tendrán en la salud de los miembros de las comunidades y en el entorno natural en el que viven.
A pesar de que en México existen diversos mecanismos de participación ciudadana a nivel federal, regional y estatal, la realidad es que, en muchos casos, el marco normativo que los sustenta no permite la participación plena y abierta de todos los sectores interesados, por lo que la incidencia ciudadana en el diseño de política pública se encuentra limitada. Por ejemplo, los consejos de consulta, coordinación y concertación, como foros colegiados o intersectoriales, tienen el objetivo de recoger las opiniones de sus miembros y generar propuestas para mejorar el diseño e implementación de los programas sociales. Sin embargo, muchos de estos espacios no son completamente abiertos ni transparentes, y les falta fortalecer la rendición de cuentas.
De ahí, que el Segundo Compromiso de Incidencia Ciudadana para el Desarrollo Rural Sustentable del 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México, esté enfocado en evaluar cuatro mecanismos de participación ciudadana a nivel federal en el medio rural y para la política de participación en el sector ambiental.1 El compromiso implica generar un reporte de recomendaciones que, tras su implementación, impulse la participación efectiva de la ciudadanía con perspectiva de género, derechos humanos y con visión del territorio y colaboración intersectorial. La AGA es una iniciativa internacional que nació en el 2011, y busca estrechar la colaboración y co-creación entre la ciudadanía y los servidores públicos para brindar soluciones en diversos temas prioritarios y estratégicos para el país, con un enfoque de buena gobernanza.
A lo largo de este año se ha generado una dinámica muy fructífera y enriquecedora entre las organizaciones de la sociedad civil y varias instancias gubernamentales competentes en el medio rural (Conagua, Conafor, Sader y Conapesca) para encontrar ventanas de oportunidad que permitan iniciar un proceso de mejora constante en los consejos. Por lo anterior, el reporte de recomendaciones deberá alentar también un proceso de análisis para reformar la normatividad que permita a los consejos adoptar los principios de gobierno abierto y las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Al ser ratificado, el Acuerdo de Escazú se convierte en un instrumento vinculante que refuerza los ejercicios del 2do compromiso sobre participación ciudadana (pilar del gobierno abierto), y viceversa: los compromisos del 4to Plan de Acción abren la puerta al Acuerdo de Escazú para garantizar el derecho inalienable de la ciudadanía a un medio ambiente sano.
Nota:
1 Los mecanismos de participación ciudadana que se están analizando son el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, seis Consejos de Cuenca seleccionados por muestreo, el Consejo Nacional Forestal y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Para saber más de la iniciativa visite: gobabiertomx.org
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