Implicaciones del Crimen Organizado en el Sector Pesquero

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Introducción

La pesca ilegal ha representado una grave amenaza para la biodiversidad marina y la sostenibilidad de las pesquerías mexicanas durante varias décadas. En los últimos años, esta problemática se ha intensificado debido a su vinculación con redes de crimen organizado, lo que ha ampliado su impacto y dificultado su regulación (FAO, 2024). La presencia del crimen organizado en el sector pesquero conlleva serios riesgos para el medio ambiente, la economía y la estabilidad social. Este documento analiza las implicaciones de este fenómeno en la conservación de los recursos pesqueros, en la cadena de valor de la pesca, y en la gobernanza de las comunidades pesqueras y propone acciones que buscan mitigar sus efectos negativos.

Impacto en la conservación de los recursos pesqueros

La pesca ilegal, ejecutada por el crimen organizado, provoca graves daños ambientales, tales como la sobreexplotación de especies marinas, la destrucción de hábitats y la alteración de las cadenas alimentarias (Pelcastre, 2022) Esta actividad no respeta temporadas, cuotas ni tamaños mínimos, contribuyendo al colapso de las pesquerías. Además, la presencia de redes criminales en áreas de refugio pesquero plantea un desafío considerable, ya que, al tomar control de estas áreas, explotan los recursos y desplazan a las comunidades locales, afectando cualquier esfuerzo de conservación (Fuente anónima, 2024).

La pesca ilegal representa una pérdida significativa para los ingresos fiscales del gobierno, ya que esta actividad opera al margen de las leyes tributarias y no contribuye con impuestos ni derechos de aprovechamiento que regularmente se imponen en la pesca legal (Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al. 2020). Al no registrarse formalmente, el Estado deja de percibir ingresos clave que podrían ser destinados a la gestión y conservación de los recursos marinos, la mejora de infraestructura, y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control en el sector pesquero (Fuente Anónima, 2024).

Impacto en la cadena de valor

Las redes de crimen organizado intervienen en múltiples eslabones de la cadena de valor de la pesca, desde la captura hasta la comercialización:

En la etapa de captura, el crimen organizado se involucra en actividades de pesca ilegal, capturando especies en veda, fuera de las zonas permitidas o mediante técnicas destructivas que infringen las regulaciones ambientales (FAO, 2024; Fuente Anónima, 2024). Una vez capturado, en la etapa de procesamiento y transportación, el producto ilegal se procesa en plantas clandestinas o en lugares donde no se cumplen las normativas sanitarias y laborales. Estas redes utilizan el transporte marítimo y terrestre para movilizar el pescado y otros productos marinos sin ser detectados. Durante este proceso, también facilitan el tráfico de drogas y personas, aprovechando las mismas rutas y redes de distribución (Pelcastre, 2022, WWF, 2022). En la fase de comercialización y distribución, el producto de pesca ilegal se mezcla con capturas legales, ingresando al mercado a través de canales tanto formales como informales. La falta de trazabilidad en ciertos mercados permite que estos productos lleguen a consumidores y comercios sin que se conozca su origen ilícito. Además, el crimen organizado emplea esta fase para blanquear dinero, mezclando las ganancias de la pesca ilegal con transacciones legítimas (Fuente Anónima, 2024; Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al., 2020). Finalmente, estos productos se venden en supermercados, restaurantes y otros puntos de venta sin restricciones, lo que desincentiva la competencia justa para los productos capturados y comercializados legalmente.

Impacto en la gobernanza de las comunidades pesqueras

La presencia del crimen organizado genera un ambiente de desconfianza en las comunidades, donde la seguridad se ha convertido en una preocupación constante. La corrupción y la extorsión son problemas graves que afectan a los pescadores quienes se quejan del cobro de piso y del robo de su producto y equipos. Los grupos criminales a menudo asumen roles que corresponden al Estado, imponiendo sus propias normas y condiciones desfavorables para algunos pescadores. Estos grupos deciden quién puede pescar, dónde pescar y a qué precio se comercializan los productos pesqueros (Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al., 2020, Vanda, 2022, Fuente Anónima, 2024)

Por otro lado, la evasión de derechos de aprovechamiento crea un entorno de competencia desleal, donde los pescadores legales, que sí cumplen con sus obligaciones, se ven afectados por los precios más bajos que ofrecen los productos de pesca ilegal en el mercado, poniendo en riesgo su viabilidad económica (Alonso-Población, E. et.al., 2024). Las comunidades pesqueras ven disminuidos sus ingresos, lo que a su vez detona otros problemas como la migración o la necesidad de cambiar de actividad laboral (Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al., 2020).

Conclusión

La pesca ilegal está cada vez más relacionada con el crimen organizado, y las investigaciones recientes muestran que esta actividad no solo afecta el medio ambiente, sino que también facilita delitos como el lavado de dinero, el tráfico de personas y de drogas, y corrupción, entre otros.

Para enfrentar el crimen organizado en la pesca, se requiere una estrategia integral que considere la trazabilidad, la gobernanza y el fortalecimiento social. Las políticas deben diseñarse para reducir las oportunidades de infiltración delictiva en la cadena de valor y proteger a las comunidades pesqueras, promoviendo una pesca sostenible y equitativa.

Recomendaciones de Política

  1. Trazabilidad: La trazabilidad en la cadena de valor de la pesca ayuda a combatir el crimen organizado al permitir un seguimiento detallado del origen y recorrido de los productos pesqueros, dificultando la mezcla de pescado ilegal con el legal. De la misma manera, si existen registros, certificaciones y controles rigurosos, es más fácil la detección de prácticas ilícitas. Además, el uso de tecnologías para monitoreo en tiempo real refuerzan la vigilancia, promoviendo una industria más transparente, sostenible y libre de actividades ilegales (Fuente Anónima, 2024; INTERPOL, 2024).
  2. Aplicación de la Ley:  El fortalecimiento en la aplicación de la ley es esencial para combatir el crimen organizado en la pesca, ya que asegura que las regulaciones y sanciones se implementen de manera efectiva y disuasoria. Con una aplicación de la ley más rigurosa, se protege la integridad de la cadena de valor de la pesca, promoviendo prácticas legales y sostenibles, y debilitando las oportunidades para el crimen organizado en el sector (Fuente Anónima, 2024; INTERPOL, 2024).
  3. Marcos Regulatorios: El crimen organizado en la pesca también tiene implicaciones de seguridad internacional, ya que muchas veces se trata sólo como un problema regulatorio, lo que permite que las organizaciones criminales operen con impunidad. Se ha señalado la necesidad de reforzar la cooperación internacional y mejorar los marcos legales para abordar este problema desde una perspectiva de crimen organizado y no solo como un asunto ambiental​ (INTERPOL, 2024).
  4. Transparencia e información: La generación de información es clave para combatir el crimen organizado en la pesca, ya que permite una comprensión profunda y basada en datos de las actividades ilegales. Al recopilar y analizar datos sobre capturas, rutas de transporte, puntos de venta y transacciones financieras, se pueden identificar patrones y áreas de riesgo, facilitando la detección de irregularidades y actividades sospechosas. La información permite a las autoridades y a las comunidades conocer mejor las prácticas delictivas, optimizando los esfuerzos de vigilancia y regulación en áreas críticas (Pelcastre, 2022, Fuente Anónima, 2024)
  5. Fortalecimiento de las Comunidades y Cooperativas Pesqueras: Invertir en el tejido social y fortalecer a las cooperativas es crucial para proteger a las comunidades de la influencia del crimen. Las organizaciones comunitarias en zonas de pesca pueden actuar como una primera línea de defensa, aumentando la cohesión y capacidad de vigilancia local. Programas de educación y capacitación fortalecerán esta vigilancia comunitaria, brindándoles herramientas para denunciar actividades delictivas. Las comunidades con un fuerte tejido social tienen mayor capacidad para resistir la influencia del crimen organizado (Fuente Anónima, 2024).

El análisis y recomendaciones aquí plasmados están respaldados por diversas fuentes de información que han estudiado y reportado esta problemática, así como por las opiniones anónimas de productores, comercializadores y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Fuentes de información:

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